Gibrán Ramírez Reyes*
El juez Gómez Fierro no es, como han dicho sus porristas, un defensor de la Constitución y el estado de derecho.
Lo han presentado como juzgador solitario resistiendo el embate de un poder político todopoderoso.
Y la verdad es que es que es lo contrario: el gran poder, trasnacional, es de las oligarquías, que en materia energética se manifiesta de manera despiadada, que utiliza a una clase política aliada o dependiente de él, que coloniza así organismos autónomos que deberían controlarle, e incluso al poder judicial que debería velar por la garantía de los derechos humanos.
Frente a ese poder, ubicuo y corruptor, hay sólo una región del estado controlada por el actual presidente.
Es, entonces, un choque de poder a poder, pero el poder económico está aquí escondido bajo la toga de uno de sus cachorros, una toga estampada en letras grandes con las leyendas “independencia judicial”, “contrapeso”, “estado de derecho”.
Es una simulación. Hay una prueba, sencilla, irrefutable, y es el doble rasero con el que el juez mide.
Promovieron amparos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica corporaciones, organizaciones de la sociedad civil en defensa del neoliberalismo, y promotores dizque del medio ambiente a quienes interesa impulsar las energías limpias siempre y cuando los ganadores sean privados.
Para ellas hubo apertura, escucha para sus argumentos, y una suspensión con efectos generales; todo ello en menos de 48 horas, un tiempo inusitado.
La suspensión es indebida, pues de acuerdo con la Ley de amparo debería tener lugar sólo para el quejoso, no para todo el mercado, y debería proceder de manera general sólo en caso de que hubiera una afectación inminente y potencialmente irreversible a derechos humanos y aquí lo único que se amenaza es un interés del gran capital en sus ganancias.
Para el pueblo –para gente que no representa a la oligarquía, sino que son simples usuarios–, el trato ha sido muy distinto.
Han presentado solicitudes en los juicios de amparo 118/2021 y 113/2021 en calidad de terceros interesados, y el juez, después de más de una semana, ha desestimado que los usuarios tengan legitimidad para ampararse en contra de leyes.
¿En qué quedamos entonces?, ¿sólo procede aceptar amparos contra leyes si los terceros interesados son instrumentos de la oligarquía? El juez tendría que explicarlo, pues además en este caso sí hay una afectación directa a un derecho humano, porque la reforma en cuestión prioriza la seguridad energética y sería útil para que los usuarios no vuelvan a sufrir apagones como el de diciembre de 2020.
Por otra parte, el principal efecto del amparo otorgado por Gómez Fierro es mantener un fraude a la ley que cuesta a los usuarios comunes la friolera de 7 mil millones de pesos cada año.
Lo dice el reporte de ESTA international (El Monitor Independiente del Mercado Eléctrico): Walmart, Femsa, Bimbo, Cemex, Grupo México, Iberdrola, han formado sociedades de autoabastecimiento para utilizar la tarifa preferencial de transmisión que la ley otorga, violando a sabiendas la disposición que establece que el autoabasto debe ser sin fines de lucro.
Esa es la dimensión del juez: defiende el abuso, el derecho humano a las ganancias excesivas pagadas por el pueblo.
*Doctor en Ciencia Política por la UNAM
