Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 19 de enero de 2021.- Actos de violencia, cobros excesivos y despojo de comerciantes son parte de los problemas que viven los locatarios del mercado “Víctor Bravo Ahúja”, en Santa Lucía del Camino, a partir del control de un grupo de personas respaldadas por la autoridad municipal.
Así lo denunciaron los abogados de la Asociación Civil Unidos para Servir al Mercado “Víctor Bravo Ahuja”, donde el pasado 15 de enero se registró el hallazgo de una cabeza de cerdo con una cartulina con mensaje de amenaza, presuntamente contra algún integrante del lugar.
Los abogados liderados por Romeo González detallaron que el clima de inseguridad en la plaza popular comenzó a registrarse a partir de la imposición de un nuevo grupo de comerciantes, que han despojado del inmueble a tres mujeres comerciantes que son poseedoras del inmueble, que es considerado como propiedad particular.
En julio de 2020, las poseedoras legales del marcado, Paulina Flores Hernández, Aidé Peña Caballero y Eufemia Méndez Cabrera fueron desalojadas, sin permitirles su regreso para laborar.
Pero, además, ante diferentes situaciones, las comerciantes temen por su integridad, por lo que se interpuso una demanda bajo el expediente número 21247/2020 de la Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, contra los presuntos agresores identificados como Ángela Morales Valeriano, Pedro Francisco Jiménez Martínez, Francisco Javier Hernández Ríos, Emilio Manuel Maldonado Nuñez, Clauda Bustamante salinas, José Vega de la Cruz, entre otras personas apoyadas por porros.
Ante esta situación, el presidente municipal Dante Montaño ha mostrado su respaldo al nuevo grupo de comerciantes, a pesar que la asociación civil del mercado le demandó mantenerse al margen de esta situación.
Explicaron que el mercado a pesar de ser un espacio público, está construido en propiedad privada y es la Unión la que cuenta con escrituras desde 1989 y del año 2003 con título de propiedad otorgadas por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).
Los abogados demandaron a la Fiscalía General del Estado su intervención y atención a la solicitud de medidas cautelares para las personas que se encuentran en riesgo ante las diferentes amenazas.
Lamentaron también que desde una oficina del Gobierno del Estado, presuntamente de la Defensoría Pública, se esté apoyando a los agresores e incluso habrían obtenido por parte de la Fiscalía copia de los legajos de investigación, para robustecer su defensa.
