Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 14 de enero de 2020.- A petición de las víctimas de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), un equipo multidisciplinario de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) observa el desarrollo de diligencias y peritajes en la zona.
En un comunicado, el organismo indicó que en las acciones que se llevan a cabo del 13 al 15 de enero, participan 10 integrantes de la Coordinación General de Defensorías, quienes tienen el objetivo de proteger el derecho de las víctimas, además de pugnar porque los peritajes cuenten con perspectiva a derechos humanos.
Añadió que en las diligencias, el agente del Ministerio Público Federal encargado de la Carpeta de Investigación, así como peritos en ingeniería y arquitectura, realizan la planimetría y altimetría en los diversos sitios en los que se registraron los hechos violentos.
Expuso que para garantizar la seguridad de los testigos, así como de quienes realizan las diligencias, se cuenta con elementos de la Policía Estatal, así como del Comisionado Especial para la Atención de los Hechos ocurridos el 19 de junio del 2016, Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y Trinidad de Viguera en el Estado de Oaxaca.
En las acciones también participa la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y elementos de la policía municipal, quienes realizan rondines de seguridad.
Agregó que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca coadyuva en la investigación con apego a la ley, pues los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 costaron la vida de ocho personas y causaron lesiones a otras 198, de las cuales 155 fueron civiles.
En la agresión contra profesores que mantenían un bloqueo carretero, así como habitantes de Nochixtlán y de otras poblaciones que acudieron ese día al mercado, fue documentada la participación de autoridades federales, estatales y municipales, las cuales accionaron armas de fuego contra la población civil.
“Ante ello, resulta fundamental que las víctimas puedan acceder al derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos. Mientras que es obligación del Estado establecer mecanismos eficaces para que las personas accedan a procesos que impidan que los hechos queden en la impunidad.
“El derecho a la justicia procura superar los obstáculos para que las personas puedan ver restituidos sus derechos, propone el efectivo funcionamiento del sistema jurisdiccional en una forma más cercana a la realidad social, es además un vínculo entre los mecanismos e instituciones de defensa de derechos humanos”, concluyó.
