Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 22 de diciembre de 2023.- Ejidatarios y comuneros de la Sierra Juárez se manifestaron hoy en la ciudad de Oaxaca por la puesta en marcha del “Programa de certeza jurídica de la tierra para la seguridad y bienestar del patrimonio”, del que en la Ley de Ingresos 2024 se considera que tiene el fin de privatizar la tierra.
Pese a que el Gobierno del Estado precisó el lunes pasado, en conferencia de prensa, que son falsos los señalamientos que refieren la intención de privatizar ejidos y tierras comunales, y explicar a qué se refiere el programa, los representantes legales de 36 comunidades indígenas agrarias insistieron en la presunta violación a sus derechos por parte del gobierno del estado y del Congreso de Oaxaca.
En conferencia de prensa en el zócalo de la capital, representantes legales de las 36 comunidades indígenas que integran la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (Ucosij) se pronunciaron contra la reforma del artículo 25 de la Ley de Ingresos, por lo que exigieron su derogación y que el Poder Ejecutivo presente una propuesta sin afectaciones.
Manifestaron su decepción por el gobernador Salomón Jara Cruz, sobre quien existía confianza por su origen de la Sierra Juárez y por sus promesas de campaña de mantener respeto sobre los pueblos y comunidades originarias.
Señalaron que pese a que desde hace una semana el gobierno de Oaxaca tuvo conocimiento de su postura sobre el programa gubernamental, hasta el momento no ha dado oportunidad de establecer un diálogo.
“La discriminación estructural evidencia una intencionalidad de privatización de los territorios a favor del capital internacional y los megaproyectos para activistas, partiendo de los 10 municipios polos de desarrollo del bienestar, ubicados en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, expresó la Unión.
Así como que es una ley a beneficio directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios que ven la oportunidad de incrementar su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que permite el aumento de participaciones federales, acusaron.
Los comuneros expresaron la violación de sus derechos fundamentales de la propiedad colectiva.
“Por esas razones, al margen de las funciones jurídicas y sociales que vayamos a emprender para defendernos de este intento de privatización, le requerimos al gobernador Salomón Jara y al Congreso de Oaxaca restablezca la regularidad constitucional”, manifestó la Unión.
