Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 1 de febrero de 2023.- A 60 días de la llegada del gobierno morenista a Oaxaca, la llamada “Cuarta Transformación” que encabeza Salomón Jara Cruz es invisible frente a los de temas de mayor impacto, como la seguridad, justicia y gobernabilidad.
Cifras oficiales y hasta el propio Gobierno del Estado han demostrado el alza en la incidencia de delitos en Oaxaca, esencialmente en homicidios dolosos y feminicidios; de acuerdo a reportes policiales ya se suman 24 casos de asesinatos contra mujeres.
Para el mandatario, el tiempo en el gobierno es insuficiente para mostrar cambios, a pesar que desde campaña aseguró ser gobierno “del pueblo y para el pueblo, incluyente, honesto, transparente y de resultados”, por el contrario, recientemente responsabilizó al gobierno anterior y al ex gobernador José Murat de crear inestabilidad.
Desde el primer mes, los bajos resultados mermaron en la confianza del gobierno de Salomón Jara, pero para el segundo mes las consecuencias incrementaron, desde bastas protestas sociales, aumento de incidencia delictiva enmarcadas de una Fiscalía Estatal sin titular, hasta inconformidad de sus propios empleados de gobierno.
A ellos se suma el tambaleo de negociaciones cruciales como establecer la paz y justicia en la zona Triqui para el retorno seguro de desplazados de Tierra Blanca Copala, mientras que otro grupo de desplazados de San Juan Copala desde hace 10 años amagan con un nuevo plantón campamento frente a Palacio de Gobierno tras el desalojo de esta sede del Poder Ejecutivo desde el 2 de diciembre.
En los desaciertos se agregaron la defensa férrea del mandatario de las designaciones en su gabinete para amigos, ex funcionarios estatales y otras valiéndose del nepotismo o sin experiencias en la materia.
AZOTA VIOLENCIA
Desde la ejecución de personas, hasta la localización de cadáveres o restos humanos en caminos, parajes o vías públicas, así como la desaparición de personas se han convertido en sucesos cotidianos.
Apenas este inicio de semana se reportan cuatro asesinatos, desde el hallazgo de los restos de un adolescente en Santiago Jamiltepec, semienterrado, envuelto en plástico y marcas de una ejecución, a tan solo horas de haberse reportado desaparecido.
En otro ataque, en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, otra persona falleció, mientras que una mujer fue asesinada el lunes en San Andrés Huayápam, presuntamente por su pareja sentimental.
Además, la ola violencia continúa en la zona triqui, donde de acuerdo a la denuncia del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, dos personas fueron atacadas a balazos en Putla Villa de Guerrero, pero son originarios de Santiago Juxtlahuaca, una de ellas perdió la vida y la otra resultó herida.
Este suceso, como en otras ocasiones similares, pone en riesgo el proceso de pacificación en la zona triqui, mismo que retomó el gobierno estatal en la última semana de diciembre y continuó en la primera de enero.
“Yo espero que no tenga metidas las manos el señor José Murat creando inestabilidad o creando condiciones que permitan ver mayor crecimiento de delitos”, “Vamos a tener pronto más acciones, porque tenemos 60 días y entendemos que ha surgido un crecimiento, pero también pensamos, que quienes hacían la política en el pasado protegían, cubrían y ahora están queriendo desatar a la calle a quienes cometen más delitos para demostrar que en este gobierno están creciendo más incidencias”, contestó Jara Cruz a la realidad de Oaxaca.
FALTA JUSTICIA
Fue apenas el pasado 25 de enero que tomó protesta el nuevo Fiscal de Oaxaca, Bernando Rodríguez Alamilla, tras un mes sin autoridades al frente de esta institución.
Pero en medio de esta ausencia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que la incidencia del delito de homicidio doloso aumentó de 2.8 hechos diarios, en diciembre y a 3.0 en las primeras tres semanas de enero.
Así como la presión social hizo “justicia por propia mano”, como ocurrió tras con la detención del activista y agente municipal de Puente Madera, de San Blas Atempa, David Hernández Salazar, quien quedó en libertad tras el desarrollo de una violenta protesta en el Istmo; el detenido era acusado de daños por incendio y lesiones dolosas, cometidos en el municipio de San Blas Atempa.
A otras zonas del estado, como el Istmo y la Costa ahora se suma la de Valles Centrales con hechos de alto impacto, como ocurre en el municipio de Santiago Suchilquitongo, Etla y municipios aledaños, que se han convertido en “tiradero de cadáveres”.
Es en ese municipio donde se registró el 17 de enero la desaparición de la adolescente Andrea Itzel Martínez, o una de las desapariciones de mujeres que se han puesto en el escenario público, y por la que se han realizado movilizaciones apoyadas de más familias de jóvenes sin localizar.
PROTESTAS
Las inconformidades contra el gobierno del estado no han tenido diferencia en comparación al sexenio anterior.
Para los manifestantes es imperdonable la desatención del actual gobierno de la cuarta transformación, al cual buscan desde el inicio del mandato y no reciben respuesta de ningún tipo y por ninguna autoridad.
Las protestas del segundo mes van desde las organizaciones sociales, pobladores, sindicatos como la Sección del SNTE, normalistas; profesores y padres de familia de instituciones de nivel media superior, como ocurrió este martes en Santiago Zacatepec Mixe, con la “toma” del plantel 68 del Instituto de Estudios de Bachillerato ante la falta de docentes asesores, equipamiento y otras demandas.
Y anteriormente de docente y padres de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca (ENBIO) para el reconocimiento al director electo de su institución y evitar la posible imposición de un director por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
O por parte de habitantes que piden la intervención estatal con el gobierno federal para la solución de sus problemas, como el caso de los habitantes de Boca del Monte, del municipio de San Juan Guichicovi, que este martes denunciaron nula atención de la autoridad de Oaxaca y federal por la indemnización de terrenos ocupados para el Corredor Interoceánico.
Hasta por empleados del mismo gobierno del estado, como también ocurrió este 31 de enero, por parte del personal de base del Registro Civil, que denunció la apatía de la nueva autoridad para solventar las necesidades laborales de esta dependencia.
