Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 19 de septiembre de 2022.- Definitivamente, la gobernabilidad no es uno de los logros que puede presumir el actual sexenio estatal.
Por el contrario, es y será uno de los peores fracasos, gracias al trabajo adrede que realiza la Secretaría General de Gobierno, para minar la imagen del gobernador Alejandro Murat, abollar sus aspiraciones presidenciales y seguir con los cuantiosos negocios con organizaciones “sociales”, para acabarse el presupuesto.
A menos de tres meses de culminar el sexenio priista y entregar el poder a los morenistas, los cierres de vialidades como las agresiones a la sociedad se intensificaron por todos lados y por todas las regiones, excepto la Sierra Norte.
La irritación llegó a tal grado, que los oaxaqueños aplaudieron el desalojo que hicieron supuestos pobladores de San Agustín de las Juntas en el crucero del aeropuerto.
Pero en realidad, no fue una acción ciudadana, sino concertada desde la Segego, en contubernio con organizaciones de transportistas, una en especial, CATEM, que se renta, literalmente, para hacerle favores al gobierno, que además lo ha consentido al punto de la excesiva tolerancia en sus actividades nada lícitas.
SEDICENTES LÍDERES
Como ya hemos dicho, las movilizaciones en Oaxaca son a conveniencia, pero también son para hacer negocios, desde la Segego.
Francisco García López no guarda ni respeto ni lealtad al mandatario Murat Hinojosa, sino únicamente a su jefe político, Alejandro Avilés, y junto con un reducido grupo de funcionarios, entre ellos Jorge Toledo Luis, de Coplade, hacen y deshacen del presupuesto en supuesto beneficio de las organizaciones, pero de ahí derivan sus beneficios monetarios.
Las agrupaciones chantajistas y las a modo saben en qué momento actuar para conseguir todo, todo, lo que quieren.
Por ejemplo, en vísperas de la Guelaguetza se intensificaron las protestas, por parte de la Alianza de Pueblos en Defensa de la Educación y demás, que congrega, entre otros, al Codep, con Jaqueline Almazán a la cabeza.
Esta agrupación no respeta ni a los periodistas ni a la sociedad en general y lo demostraron en esa ocasión y en todas las veces que han protestado, con agresiones directas a los ciudadanos.
La semana pasada reactivó su protesta, en vísperas de las fiestas patrias, y ahora se le unió la denominada Alianza de Pueblos por la Justicia Social, ésta liderada por Josías Ramos, un individuo acostumbrado a viajar en camionetas de lujo y exigir cuantiosas cantidades de dinero al gobierno, supuestamente para las comunidades de la Sierra Sur.
Semanas atrás, un personaje que se renta a conveniencia, congregó pueblos de los Valles Centrales y la Mixteca para cerrar vialidades, principalmente la 190 al Istmo, a la altura de la planta de Pemex.
Es Domingo García Mijangos, quien en alguna ocasión en este sexenio hizo alianzas con Guadalupe Díaz Pantoja, movilizó ahora con respaldo morenista y lo hizo cuando menos en dos ocasiones.
Siempre gana, a tal grado que cuenta con residencia y vehículos lujosos en la capital y mueve gente a petición de parte… aunque a los pueblos les toque poco o nada del presupuesto.
Está también la organización “23 de Octubre”, escisión del MULT, que dirige Alejandro Escobar, ex ayudante de Heriberto Pazos, que arribó de manera violenta el pasado a oficinas alternas de la Secretaría de Finanzas, pero se topó
HASTA LOS ALIADOS
Pero también están las organizaciones amigas, aliadas del gobierno, que durante los casi seis años se mantuvieron calladas, sin protestas, y haciendo únicamente amagos por redes sociales, para recibir la cuota financiera correspondiente.
Supuestamente para contrarrestar a las demás organizaciones (más bien para sumarlas al chantaje, y prepararlas para dar guerra al gobierno de Salomón Jara), surgieron de la nada múltiples agrupaciones con sello oficial.
Otras ya existentes también se movilizaron, como el caso de la Ubisort (Unión de Bienestar de la Región Triqui), que dirige Fabián Pereda, quien presume sus lujos en redes sociales y quien se ha caracterizado por servir a modo a la Secretaría General de Gobierno.
Una más es Lubizha, de Manuel Antonio López, también siempre dispuesta a moverse cuando la institución que aún preside Francisco García López lo requería, como ocurrió también la semana pasada.
El asunto es jalar dinero de donde sea, enriquecer a los sedicentes líderes y alistarse para la guerra que viene, ya con priistas en la orfandad.
LAS RAREZAS
Pero lo que llama la atención es que la Segego haya optado por desalojos «ciudadanos» en casos en que no pudo lograr diálogo -como con agrupaciones con tintes morenistas-, lo que en un principio generó festejos, aunque haya sido temporal.
Uno de los primeros casos emblemáticos fue el 21 de julio de 2021, en que tras varios días de bloqueo al crucero de Hacienda Blanca, San Pablo, Etla, supuestos ciudadanos desalojaron por la fuerza a militantes del MULTI.
En la acción, de acuerdo con varios videos, se utilizaron armas de fuego e incluso había transportistas en la zona.
Un caso más emblemático fue el 18 de febrero de este año, en que de manera directa arribaron transportistas identificados con CATEM, que a golpes disolvieron una protesta de transportistas, en el acceso a la supercarretera Oaxaca-Cuacnopala, jurisdicción de San Pablo, Etla.
El más reciente caso “ciudadano” ocurrió el miércoles 14 de septiembre, en que supuesta gente de San Agustín de las Juntas desalojó a manifestantes del crucero del aeropuerto a Oaxaca.
Acción aplaudida que al final fue revelada que fueron transportistas, al parecer de CATEM, contratados por la Segego, para acabar con un problema de tres días. La policía llegó tarde adrede; la golpiza fue brutal, como los balazos también.
Otro hecho inédito, que abona a la teoría, fue la agilidad con la que respondió la Policía Estatal de Oaxaca al llamado de transportistas identificados con el sindicato CATEM, el pasado 2 de septiembre, en la agencia de Pueblo Nuevo.
Presuntamente dos policías municipales de la capital hallaron un refugio de migrantes.
Pero cerca de ahí había una guarida de líderes de dicha agrupación, que de inmediato llamaron a los policías estatales y una vez que éstos llegaron, señalaron con insistencia a los uniformados municipales que estaban extorsionando a los migrantes, que pedía 150 mil pesos, y que debían detenerlos y llevárselos… lo cual ocurrió.
¿Esa es la nueva forma de imponer la gobernabilidad en Oaxaca? O desesperación de Francisco García López ante tanta incapacidad. El caso es que dinero a raudales sale para organizaciones y funcionarios de la Segego, que hasta sindicalizados y mandos medios se enriquecen y ya se construyen residencias en la zona norte en la capital.
