Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 1 de septiembre de 2019.- Luego de la presentación la semana pasada, con la presencia de la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C (Cedhapi), se pronunció para que el Estado mexicano respete el Protocolo de Implementación de Medidas Cautelares y éste sea aplicado para las medidas otorgadas en todo el territorio nacional.
En un comunicado informó que ese organismo civil, calificó como incompleto este protocolo y dijo que por medio de la asociación Litigio Estratégico, obligó al gobierno federal a emitir el Protocolo para la Instrumentación e implementación de Medidas de Protección del Sistema Interamericano, Universal y Nacional de Derechos Humanos
Tras ello, el pasado 28 de agosto en la capital, en un acto encabezado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se llevó a cabo el lanzamiento de dicho protocolo.
Recordó que este protocolo fue un compromiso adquirido por el Estado mexicano en la solución amistosa P-1014-06 del caso Antonio Jacinto López Martínez, suscrito el 23 de septiembre del 2015 y homologado y publicado en la página de la CIDH el 8 de abril del 2019.
Expuso que este caso fue litigado por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 14 años, como un derecho de las garantías de no repetición
Detalló que el protocolo contempla las reglas mínimas que deben de tener un procedimiento de implementación de medidas cautelares otorgadas por organismos nacionales e internacionales como son: Las fases de inicio de un procedimiento; Comunicación oportuna con las personas beneficiarias y peticionarias; Inicio del procedimiento en casos de urgencia; Inicio del procedimiento en casos de un procedimiento ordinario.
Asimismo, debe existir un catálogo de medidas más comunes a implementarse existiendo un plan de implementación de medidas y análisis de riesgo, además de que se deben respetar las garantías de los derechos de las víctimas, “sin ser re victimizados por la actitud de los funcionarios que implementan las medidas”.
“La consolidación de este protocolo fue el esfuerzo de muchas y muchos, esencialmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instó al gobierno mexicano a cumplir con este compromiso internacional y desde sociedad civil se tuvo que lidiar con muchos obstáculos que impedían que se efectuara el protocolo.
“A pesar de ello este protocolo carece de muchas cosas y una de ellas es la atención que deben de tener las personas desplazadas internamente, la activación de mecanismos que sirvan para proteger los derechos a la salud, alimentación y la vivienda”, remarcó.
