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Comunidades indígenas, las más vulneradas en su derecho a la información en pandemia

por Agencia Zona Roja

Evlin Aragón/Zona Roja.

Oaxaca de Juárez, Oax., 14 de marzo de 2021.- “La libertad de expresión y el derecho a la información se convirtieron en una víctima más de la pandemia”.

Es la premisa del análisis al panorama de la libertad de expresión y acceso a la información en México y Centroamérica en el contexto de la pandemia, que hiciera Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, que pone de manifiesto las violencias, retos y obstáculos que se viven en torno al tema.

De acuerdo con la organización, en el caso de México un tema importante que puso en riesgo los derechos a libertad de expresión y acceso a la información, fue la falta evidente de comunicación oportuna y adecuada a las comunidades indígenas en torno a las medidas sanitarias a implementar.

“En la actualidad, sigue sin existir información precisa, suficiente y culturalmente adecuada traducida a la totalidad de sus lenguas maternas en formatos adecuados a sus necesidades, respecto de todos los aspectos de la pandemia, condicionando así el ejercicio de otros derechos humanos”.

A partir de la información recabada por Artículo 19, se pudo confirmar que no existió una estrategia integral de comunicación dirigida a los pueblos indígenas, toda vez que los mensajes básicos en torno a la pandemia solo se tradujeron en 26 lenguas indígenas, de las 68 existentes en México.

Así mismo, la administración federal centró su difusión de información en las redes sociales y la conferencia de prensa vespertina que se lleva a cabo de manera diaria, sin considerar que las comunidades no tienen luz, acceso al internet o que las personas pueden ser analfabetas.

Lo anterior provocó demandas amparos, por parte de organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca y Chiapas, mediante las cuales solicitaron la suspensión con efectos restitutorios para que las autoridades federales y estatales tradujeran a algunas lenguas indígenas de esos estados información relacionada con medidas, acuerdos y determinaciones que las autoridades federales y estatales han tomado respecto del COVID-19.

Así, ante la falla histórica del Estado para proveer información pertinente culturalmente a las comunidades y los pueblos indígenas, las estrategias de la sociedad civil son las que han podido hacer llegar esta información.

INICIATIVAS CIUDADANAS

En Oaxaca, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) ha realizado videos y audios en distintas lenguas originarias de este estado, al igual que el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet); asimismo, los colectivos Río Blanco Taller y Dill Yen Nbán han elaborado videos, grabado audios para su difusión por perifoneo y distribuido carteles en zapoteco y mixe, tanto en redes sociales como en sus comunidades.

El informe también refiere que desde los inicios del brote y a nivel global, la desinformación y el discurso de odio se expandieron poco a poco atravesando fronteras y provocando miedo, estigmas y perjuicios contra diversas poblaciones, principalmente asiáticas, así como contra las víctimas de la enfermedad.

En México y Centroamérica se puso de manifiesto la crisis económica a la que se enfrentan diversos medios de comunicación, la vinculación con el dinero público, la precariedad y falta de garantías laborales a las que se enfrenta el periodismo profesional, a lo que se suma el reto de alejar a las audiencias de las campañas de desinformación, que se expanden de manera vertiginosa.

Así mismo, exacerbó los ánimos autoritarios de gobiernos que, hasta el momento, se consideraban democráticos, tal es el caso de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, cuyos máximos representantes mostraron un preocupante recelo ante el escrutinio público, cuestionando un sinnúmero de veces la capacidad de la prensa para hacer su trabajo.

“La intolerancia de los funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno en los cuatro países, la falta de voluntad para hacer llegar información útil a las poblaciones más vulnerables y el recrudecimiento de la polarización son una fórmula fatal para el ejercicio de las libertades democráticas en este contexto”, refiere el informe.

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