Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de enero de 2021.- Ante la apatía del gobierno de Oaxaca para resolver el conflicto en la zona Triqui, la CNDH le exigió frenar la violencia y proteger a los indígenas en riesgo, en la región Mixteca.
En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que emitió medidas cautelares a favor de habitantes de Tierra Blanca, Yosoyuxi y San Juan Copala, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca.
De acuerdo a sus facultades las medidas fueron referidas al Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa; al secretario General de Gobierno, Francisco López; al fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez; al secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo Rosales; y al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Nicolás Feria Romero, para garantizar los derechos humanos a la vida, integridad personal, patrimonio, seguridad pública y paz social.
“Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Exigimos un alto a la violencia contra las comunidades indígenas”.
La institución reconoció que los hechos violentos, sucedidos entre el 17 y 19 de enero, dejaron como saldo varias personas lesionadas, de ahí que instan a las autoridades del gobierno de Oaxaca a mantener el Estado de Derecho y privilegiar el diálogo y la concertación que ayuden a restablecer la seguridad y paz social.
La CNDH confirmó la falta de capacidad por parte de las autoridades de seguridad para garantizar la integridad física de la población, ya que, aunque reconoció hicieron presencia, ésta no fue de manera permanente como lo amerita la situación actual en la zona.
“Si bien es cierto que, a principio de enero, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional resguardaron el regreso de familias desplazadas en esa región, días después se retiraron, hecho que provocó que la población quedara en estado de indefensión”, cita el documento.
La instancia recordó a los gobiernos de Alejandro Murat y Nicolás Feria que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la responsabilidad de los gobiernos para proteger los derechos de quienes integran las comunidades indígenas.
Así mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que la policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la seguridad de la población.
Desde hace un par de semanas pobladores de Tierra Blanca, Yosoyuxi y San Juan Copala han denunciado ataques armados en su contra, cometidos por grupos paramilitares ubicados en la zona.
Al respecto las organizaciones Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) se responsabilizan mutuamente de los ataques.
Este viernes, por segundo día consecutivo, indígenas que se encuentran en la capital de Oaxaca, desplazados desde hace 10 años, bloquean la carretera Internacional 190, Oaxaca-México, a la altura del crucero a San Lorenzo Cacaotepec y Hacienda Blanca; también en jurisdicción de Juxtlahuaca.
