Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de noviembre de 2020.- «Pensar que el feminicidio es un asunto político y no una problemática social en perjuicio directo de más de la mitad de la población en el país y en el estado, es el principal factor por lo que los gobiernos no han logrado la reducción de la violencia de género y feminicida».
Así lo expresaron las especialistas Yesica Sánchez Maya y Soledad Jarquín Edgar, en la charla organizada por el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, en donde coincidieron que el Gobierno del Estado justifica y legitima la violencia hacia las mujeres al no garantizar su vida libre de violencia y reducir las cifras a conveniencia.
Para la activista Yesica Sánchez Maya, el que las autoridades lleven el tema de los feminicidios a la línea de lo político se traduce únicamente en la permanente búsqueda de no afectar la imagen del gobernador en turno, de ahí que se atrevan a bajar las cifras de casos a conveniencia, dejando de lado la sanción y contribuyendo en la impunidad.
“La Fiscalía no termina de ver que, al reconocer los asesinatos como feminicidios, no le resta a la dependencia, al contrario, abre una gran gama de líneas de investigación que les permitiría incluso comprobar que se trató o no de un crimen de odio”, dijo.
En este sentido, criticó que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Rubén Vasconcelos Méndez, con tal de cuidar la imagen del gobernador, no aplica la premisa que toda muerte violenta se debe investigar como feminicidio.
Ello pese a las sentencias emitidas por la por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Naciones Unidas, así como la reciente reforma al artículo 57 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de Género.
“Todo se ha tenido que ir adaptando para que no exista manera que la Fiscalía evada su obligación y deje de haber casos llenos de machismo y misoginia en los que no se recaban las pruebas, no se evalúa el contexto, no hacen las pruebas periciales, porque de facto niegan el feminicidio, normalizan y justifican la violencia de género”, sentenció.
Mientras que Soledad Jarquín coincidió en que existe una realidad negada por las autoridades, quienes prefieren quedar bien en informes que atender verdaderamente la problemática, lo cual representa un fallo estructural en cualquier gobierno.
Prueba de ello las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios que refieren que, de los más de 15 mil asesinatos violentos de mujeres, registrados en México del 2015 al 2019, poco más del 23 por ciento se investigan y se reconocen como feminicidios.
“Yo no sé dónde quieren colocar más del 70 por ciento de estos asesinatos, los colocan como asesinatos dolosos cuando hay evidencias claras que se cometieron feminicidio de acuerdo con la ley”, refirió la periodista oaxaqueña.
Así mismo, detalló que la tipificación del feminicidio lo coloca como un crimen de Estado, ya que desculpabiliza a las mujeres y responsabiliza a los gobiernos, de ahí que quieren a como dé lugar reducir las cifras sin importar que la falta de sanción a los feminicidas se traduce en la permisibilidad de la violencia contra las mujeres por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Politizar la problemática social, en lugar de atenderla, es una constante del gobierno actual, de ahí que la Alerta de Violencia de Género sólo fue aceptada para quedar bien, pero no con el compromiso de cumplir las recomendaciones que trae consigo.
“La alerta es una muestra más de la falla del Estado. No ha cuidado la vida de las mujeres e inventan y crean un mecanismo que está mal interpretado por las autoridades a conveniencia. Pudieron utilizarla a favor, pero no fue así. Con todo y mecanismo de emergencia hay más de 200 feminicidios desde su decreto”, concluyó.
