Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 24 de agosto de 2020.- Está más que comprobado científicamente que en el mundo, unos de los grandes problemas de salud son las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes y la obesidad.
Y en ello ha contribuido de manera fundamental, el tipo de alimentación, principalmente los conocidos como “chatarra”, es decir, refrescos y demás bebidas azucaradas envasadas; las grasas, los panqués, las frituras, entre otros.
Hace tres semanas, Oaxaca puso ejemplo a México que se pueden comenzar a dar los primeros pasos para frenar esa epidemia, que ha justo ahora ha cobrado cientos y miles de muertos por el nuevo coronavirus, en su mayoría por comorbilidades, es decir, por enfermedades aunadas al Covid-19.
¿Qué hizo el Congreso del Estado? Aprobó reformas a una ley para que los menores de edad no puedan adquirir ese tipo de alimentos “chatarra”; es decir, será ahora responsabilidad de los padres si deciden o no comprar esos antojos a sus hijos.
¿Qué hizo el Gobierno de Oaxaca? Nada; en el más absoluto silencio oficial desde hace tres semanas, a pesar de que diversas entidades del país, el Congreso de la Unión, el sector salud federal, entre otros, han resaltado y han declarado su interés por copiar un esquema similar.
CRUDA REALIDAD
Oaxaca ocupa el primer lugar con obesidad infantil en México, según los Servicios de Salud de Oaxaca con datos del 2017.
Los SSO también dieron a conocer que las jurisdicciones con mayor índice de sobrepeso y obesidad infantil están en las regiones de la Costa, Tuxtepec y el Istmo de Tehuantepec.
Además, la Encuesta Nacional de Nutrición de 2012 indica que el 27.5 por ciento de la población infantil entre los cinco a 11 años de edad en esas zonas urbanas de Oaxaca contaban con exceso de peso.
Se ha comprobado a nivel mundial que el consumo de estos alimentos chatarras en la dieta infantil ocasiona obesidad, sobrepeso, diabetes y otras enfermedades que merman en la calidad de la vida de las personas llevándolas, a veces, hasta la muerte.
En México seis de cada 10 muertes se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas en adultos de menos de 45 años.
La UNICEF informó que uno de cada 20 niñas y niños menores de cinco años y uno de cada tres de entre los seis y 19 años padece sobrepeso u obesidad y México está entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial.
Otros análisis realizados en conjunto entre la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, así como organismos del sistema de las Naciones Unidas y de Organizaciones de Estados Americanos han determinado que México es el primer consumidor de refrescos a nivel mundial con 163 litros por persona al año, lo que representa un consumo superior del 40 por ciento al de Estados Unidos.
LA RESPUESTA
A propuesta de la diputada Magaly López Domínguez y con el respaldo de toda la bancada del Partido Morena, el pasado 5 de agosto la 64 Legislatura aprobó reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, para prohibir la venta a niños de alimentos “chatarra”, no para prohibir su venta a cualquier persona adulta.
Su aval fue digerido con amplias expectativas por los grupos a favor de los derechos de la infancia y de la salud, incluyendo a nivel internacional, pero ocasionó una agridulce división en la población, principalmente el rechazo de la iniciativa privada.
El impacto negativo en la salud por el consumo de alimentos industrializados con altos contenidos de azúcares y grasas saturadas fueron expuestos en el Congreso de Oaxaca, incluso, la propuesta recibió el visto bueno del subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell.
Luego de Oaxaca, Tabasco se convirtió en el segundo estado en aprobar una ley bajo los mismos objetivos y al menos una veintena de entidades del país revisan impulsar y aprobar iniciativas similares.
Organismos internacionales han reconocido la medida, al igual que opinadores de renombre; pero a la mayor afectada, la iniciativa privada, no le ha gustado nada la propuesta.
BOCA CERRADA
A todo ello, a tres semanas de su aprobación, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa ha evitado emitir un posicionamiento oficial sobre la ley “antichatarra”; sólo a través de una estación radiofónica dejó entrever que se podría vetar pero no ha hablado a detalle de los beneficios o perjuicios de las modificaciones legales.
Así como el jefe del Poder Ejecutivo en Oaxaca reserva sus manifiestos, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que ejecuta acciones relacionadas a la alimentación, también se ha mantenido al margen de la legislación en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.
Lo único que ha hecho el DIF es repartir y repartir despensas por doquier, hasta con fines de lucro político, y a organizaciones sociales para que éstas a su vez presuman sus logros con sus representados.
Otra dependencia en silencio es los Servicios de Salud de Oaxaca, que es la principal inmiscuida en esta medida, pues deberá revisar y en su caso sancionar a quienes violen la ley, pero en absoluto se ha pronunciado a favor o en contra de esta medida, a pesar de que tiene que ver con la salud de la población, principalmente la infantil.
LA RÉPLICA
Por el contrario, quienes han estado más activos, propalando verdades a medias o mentiras completas, han sido los empresarios nacionales e internacionales, y en una muy mínima expresión, los dueños de tendajones.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Oaxaca rechaza, por ejemplo, la aprobación de esta ley por considerar que afecta la economía y bienestar de las familias oaxaqueñas.
Al día siguiente de su aprobación, la representación de la iniciativa privada en Oaxaca lanzó un comunicado para manifestar su desacuerdo y aseguró que con la modificación a la ley se limitará la venta de productos tradicionales como el chocolate oaxaqueño, granolas, yogures, cereales, entre otros, en las tiendas de abarrotes, restaurantes, taquerías, supermercados, por mencionar algunos espacios comerciales; aunque estos productos no los contempla la ley “antichatarra”.
La inconformidad se ha extendido en una campaña por medio de lonas en tiendas de abarrotes para advertir a la población y a los mismos micro y pequeños comerciantes de una catástrofe económica.
Destacan que la ley los conducirá al cierre, llevará al desempleo y afectará a 60 mil tienditas en Oaxaca, así como a más de un millón si se expande al resto del país, que empobrecerá a cinco millones de familias que viven del pequeño comercio.
REFUERZO CON IMPUESTOS
Por otra parte, la semana pasada, el diputado de Morena Luis Alfonso Silva Romo presentó la propuesta de aplicar impuestos especiales a los azúcares, grasas y sodio, con el fin de reforzar la ley “antichatarra”.
La iniciativa, turnada a comisiones, plantea adicionar el Capítulo Décimo denominado “del impuesto especial a los azúcares, grasas y sodio” al Título Segundo, de los artículos 69-G, 69-H, y 69-I, a la ley Estatal de Hacienda.
La ley contra los alimentos procesados aún no se aplica, pero si eco ha llegado hasta oídos de la misma niñez, quienes ahora más que antes dependen de sus padres para satisfacer sus antojos.
SURGEN REPROCHES
Este domingo, la diputada autora de la ley “antichatarra” Magaly López, pidió al gobernador Alejandro Murat promulgar a la brevedad el decreto y le pidió además establecer políticas públicas para atender de manera integral la salud y la nutrición de las niñas y los niños de Oaxaca.
Advirtió que la reforma aprobada por el Congreso corre el riesgo de convertirse en letra muerta si no existe voluntad política por parte del Poder Ejecutivo, encargado de su aplicación, y si no es acompañada de políticas públicas diseñadas y puestas en práctica bajo un enfoque de derechos, dirigidas a la atención integral de la salud y la nutrición de la infancia oaxaqueña.
Un pronunciamiento similar hizo el fin de semana el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Horacio Sosa quien lamentó la campaña de desinformación, que busca confundir a la opinión pública ante la reciente reforma, misma que pretende cambiar los hábitos de alimentación entre la población infantil, priorizando el consumo de alimentos naturales.
Dijo además que en ningún momento se pretende dañar a productores locales, como del chocolate y otros alimentos de origen natural, como se ha propalado, y que se ha escuchado a todas las voces, antes y después de las modificaciones legales.
Evidentemente que se pueden revisar y en su caso modificar las normas aprobadas, pero nadie en su sano juicio estaría por perjudicar la salud de sus hijos.
Luego entonces, la pregunta queda en el aire, ¿está el gobierno de Oaxaca en contra del combate a los graves problemas de salud y a favor de las enfermedades y de la iniciativa privada que promueve el consumo excesivo de alimentos “chatarra”?
