Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 10 de agosto de 2020.- A 12 días de la retención de una docena personas, habitantes de San Martín Peras llegaron a la capital de Oaxaca para denunciar que continúa la problemática, ya que aún cuatro pobladores de la localidad permanecen privados de su libertad.
Mientras tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un comunicado para exigir la liberación inmediata de los retenidos, además de refrendar medidas cautelares a favor de Peras.
Por la mañana, autoridades de la localidad y familiares de las personas retenidas hicieron presencia a las afueras de Palacio de Gobierno para denunciar al agente municipal de Santos Reyes Zochiquilazala, Antonio Garza Rubio, de utilizar la situación para satisfacer intereses económicos.
“Venimos a exigir la liberación de nuestros paisanos Hiidekel Rivera, Artemio Huerta, Pánfilo González y Rafael Hernández, retenidos desde el 30 de julio. Son 12 días en lo que no hemos tenido noticias de ellos y no hemos sabido cuál es su situación en la retención”, argumentaron en conferencia de prensa.
Explicaron que han presentado la denuncia correspondiente a la Fiscalía General del Estado, así como han pedido una orden de amparo en el Juez Federal del Octavo Distrito por la privación ilegal de sus hermanos, quien ordenó la libertad de sus paisanos en 24 horas, acción que no ha sido cumplida.
Dicho desacató podría valerle una multa de cien a mil Unidades de Medida a las autoridades de Santos Reyes Zochiquilaza y Santiago Juxtlahuaca, Antonio Garza Rubio y Nicolás Feria Romero, respectivamente, quienes también podrían hacerse acreedores a prisión y quedarse sin la posibilidad de aspirar a un nuevo cargo de representación popular.
Como lo hicieron previamente a través de un documento, los representantes de San Martín Peras negaron que exista un conflicto agrario y por el contrario señalaron intereses personales y económicos detrás de la retención de sus compañeros.
“Somos gente de paz, honesta, honorable y no nos conducimos con mentiras como ello han tratado de hacer creer que este acto responde a una cuestión agraria, lo cual nosotros desmentimos categóricamente. Nosotros no tenemos ningún problema agrario con los de Santos Reyes Zochiquilaza”, indicaron.
Finalmente, reiteraron que para concretar la liberación de las personas les han pedido más de 11 millones de pesos, así como la pavimentación de nueve kilómetros de su carretera, lo cual deja claro que no se trata de un conflicto agrario y por el contrario buscan utilizar la situación, que ellos mismos generaron, para cumplir sus caprichos.
“Nosotros que culpa tenemos, no somos producto de cambio. Es un acto vil y cobarde para hacer pelear a nuestros pueblos mixtecos, para hacer pelearnos con fines políticos y económico”, sentenciaron.
INTERVIENE LA DDHPO
Por su parte, en un comunicado la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca refrendó las medidas cautelares dictadas a favor de pobladores de San Martín Peras y exigió su liberación inmediata, “ya que su retención en nada contribuye a establecer una solución al conflicto”.
Se pronunció por la solución pacífica e integral de la problemática que mantienen el municipio de San Martín Peras con la agencia de Santos Reyes Zochiquilazala, Juxtlahuaca, además de ponderar el diálogo como estrategia para alcanzar acuerdos que les permitan convivir.
La DDHPO resaltó que luego de tener conocimiento de la detención de una docena de personas, dictó medidas cautelares e inició el expediente DDHPO/1171/(12)/ OAX/2020.
Ante ello, pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado la adopción de una medida cautelar que permitiera preservar la integridad física de los agraviados, así como lograr la liberación de las personas retenidas, la cual refrendó.
Mientras que a la Secretaría General de Gobierno (Segego), requirió que se instalaran mesas de diálogo con ambas autoridades municipales y con ello realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática.
Asimismo, la DDHPO envió un equipo de observación a la zona, el cual continúa en el lugar, con el objetivo de verificar las condiciones de las personas retenidas y las posibles violaciones a derechos humanos cometidas.
