Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de junio de 2020.- Las autoridades municipales que se rigen por partidos políticos, cumplen año y medio en sus funciones este 30 de junio.
Y en la generalidad, no hay cambio en ninguno de ellos; no hay novedad, no hay combate a la corrupción; no hay transparencia; hay escasas obras; mucha inseguridad; desorden administrativo, y saqueo de recursos públicos.
Uno diría que esa es la normalidad en gobiernos emanados del PRI y sus partidos satélite, ¿pero de Morena?
De los 153 disputados, fueron 48 municipios los que ganó el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en coalición con el PT y el PES; con ediles morenistas, al menos 29.
Pero en Oaxaca la Cuarta Transformación en los municipios morenistas se ha visto empañada por la creciente ola de violencia en distintos ámbitos, rebasando a las autoridades municipales; por supuesto también por la falta de obras.
Ejemplos hay muchos, y el primero de ellos es Oaxaca de Juárez, con Oswaldo García Jarquín a la cabeza, un empresario que poco o nada conoce de la población en pobreza que le dio el voto.
En año y medio sólo se ha visto envuelto en escándalos, con continuos paros de la policía municipal; el creciente ambulantaje y la inseguridad; la escasa obra pública y nula transparencia en las licitaciones.
La capital, junto con Juchitán de Zaragoza, se colocaron entre los primeros 50 más violentos del país en el 2019, de acuerdo con el estudio anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
La asociación civil presentó en mayo las estadísticas del análisis “La violencia en los municipios de México”, en el que se estudiaron 238 ciudades con más de 100 mil habitantes.
Oaxaca de Juárez ocupó el lugar seis en violaciones, con 103 hechos y una tasa de 39.82; repitió posición en lesiones con 893 casos y tasa de 345.27; mientras que por extorsión el lugar 67 con 27 denuncias y tasa de 10.44.
Así como destacó en la lista en lugar 36 con mil 138 robos con violencia y una tasa de 440 y en la posición 113 con 47 asesinatos y una tasa de 18.17.
Juchitán de Zaragoza el lugar 33 con 51 homicidios y un promedio de 49.72; por el delito de robo con violencia, el lugar 15 de lista, con 680 casos y una tasa de 662.88.
Es decir, la inseguridad grave; la prevención, nula. Y con la pandemia, es el municipio que tiene más casos positivos, con mil 87 hasta el domingo por la noche; la única estrategia fue repartir despensas y usar la policía para desalentar a la gente de andar en las calles, estrategias que fracasaron.
Hay muchos ejemplos en la región Valles Centrales, como San Jacinto Amilpas, por ejemplo, cuya presidenta municipal Yolanda Santos Montaño, se ha visto envuelta en escándalos incluso conflictos hasta en el propio Cabildo y el ayuntamiento.
O Santa Lucía del Camino con el morenista Dante Montaño Montero, que optó por refugiarse con Benjamín Robles Montoya, del PT, y hasta el momento es uno de los peores ediles.
Inseguridad constante; acusado de violencia política y de género en contra de una regidora; señalado de enriquecimiento ilícito con recursos públicos; incluso de llevar sus amoríos al palacio municipal. Recientemente varios regidores lo denunciaron por presumir obras, con inversiones millonarias, que no se habían hecho o que sólo se iniciaron.
Tlacolula de Matamoros es otro claro ejemplo, con Carlos León Monterrubio, que también se la ha pasado en pleitos con el Cabildo pero peor, con los propios ciudadanos; se ha gastado más de un año en conflicto por la reconstrucción de una escuela; se ha escondido; no despacha en el palacio municipal desde hace varios meses; no hay sesiones de Cabildo…
POR TODAS LAS REGIONES
Qué decir de la Cuenca, donde entre otro de los municipios que presentó una crisis por su inseguridad, fue San Felipe Jalapa de Díaz.
En 2018 Arturo García fue reelecto por Morena para la presidencia municipal; en septiembre de 2019 fue detenido por la Fiscalía General del Estado, tras un cateo relacionado con la investigación del delito de desaparición forzada de personas y en el que se encontraron armas de uso exclusivo del ejército.
Tras quedar en libertad en diciembre de ese mismo año el edil fue asesinado, junto con el síndico; el hecho aún no se ha esclarecido y los asesinatos en ese municipio continúan. En ese municipio como en varios más, la violencia se ha enseñoreado y no hay fuerza pública que pueda con ello.
En la Costa un claro ejemplo de la vanidad y de la concentración del poder municipal es Saymi Pineda, que antes de la pandemia había optado por los viajes, incluso al extranjero, antes que atender a los pochutlecos. Enfrenta continuos conflictos con aspirantes a la presidencia municipal; sus vanalidades han llegado a la rifa de autos para contribuyentes, pero por no saber contar, el premio lo dio a otra persona, lo que derivó en nuevos reclamos. ¿Inseguridad? Desde hace mucho el narcotráfico se ha asentado en esa parte, donde se refugia justamente uno de los líderes del crimen organizado.
¿Y el Istmo? Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Villa de San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec, Matías Romero Avendaño, son algunos de los municipios más importantes donde gobierna la Cuarta Transformación.
Pero gobierna es un decir, porque han sido señalados continuamente de agresiones, balazos, asesinatos, ante falta de seguridad.
Juchitán que preside Emilio Montero, por ejemplo, el fin de semana registró dos ejecuciones; en un caso una persona fue semicalcinada. El edil de San Blas, Antonino Morales fue señalado por el gobierno federal morenista, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de probable lavado de dinero y ligas con la delincuencia organizada; le embargaron las cuentas del ayuntamiento pero después fueron liberadas.
Vilma Martínez Cortés, ex perredista, tiene exactamente la misma crisis de inseguridad; apenas el fin de semana a unas cuadras del palacio municipal, fue asaltada una sucursal bancaria por parte de un grupo armado; obras no hay; las agencias y colonias del histórico Tehuantepec, abandonadas.
Ciudad Ixtepec, Matías Romero, tampoco se libran de la ola criminal, con grupos criminales de alto nivel, de cuyo tema la policía municipal prefiere no involucrarse.
Curiosamente, la mayoría de estos municipios tienen una estrecha afinidad con el senador Salomón Jara Cruz, que durante la semana que termina recibió una serie de señalamientos, desde corrupción hasta saqueo de arcas municipales; el ex candidato a gobernador morenista respondió que eran ataques desde el gobierno, para minar la transformación en Oaxaca.
En la Mixteca, Huajuapan de León, con la ex perredista Juanita Cruz Cruz, también enfrenta conflictos tanto en el interior del ayuntamiento como en el exterior; prácticamente todos los días hay bloqueos, marchas y bloqueos de transportistas; ¿obras?, no se ven por ningún lado. ¿Y la seguridad? De lo peor, pues refugia a otro grupo del crimen organizado que a ciencia y paciencia de las autoridades atraca cotidianamente en las carreteras de la región.
Como se ve, los gobiernos morenistas no han respondido a las expectativas que generaron al anclarse de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña política; tampoco siguen al pie de la letra el apotegma morenista de “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
Y ahora, en vísperas del proceso electoral 2021, a nivel nacional pretende conformar una alianza con el otrora priista Partido Verde Ecologista de México, además del Partido del Trabajo, por lo que no se auguran buenos resultados para el partido el próximo año, en que se disputan diputaciones locales, federales y ayuntamientos por partidos políticos.
