Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 6 de junio de 2020.- Tres años han pasado desde que la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, ubicada en la zona Mixe, inicio su recorrido para encontrar justicia y agua, sin éxito alguno.
Su legítimo derecho al vital liquido sigue sin ser garantizado por las autoridades estatales, quienes tampoco han hecho justicia ante los actos violentos cometidos por sus vecinos de Tamazulápam del Espíritu Santo.
Despojo de tierras, agresiones a mujeres y el asesinato de Luis Juan Guadalupe, permanecen en la impunidad y en la memoria de la población que no ha obtenido justicia, pese a los múltiples llamados públicos y solicitudes escritas que han realizado a las autoridades estatales que han respondido con total omisión a los hechos.
“El 5 de junio del 2017 significó una fecha lamentable para nuestra comunidad… Sufrimos una agresión que permanece en nuestras memorias y la recordamos claramente, porque no hemos encontrado justicia. A la fecha permanece impunes lo despojo de las islas y los 25 predios cercanos a ‘El Manantial’, las agresiones contra comuneras y el asesinato de nuestro hermano Luis Juan Guadalupe”, refiere el comunicado emitido por la autoridad municipal.
Durante todo este tiempo la comunidad afectada ha tocado las puertas del Ejecutivo estatal, la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal del Agua, la Fiscalía General del Estado, la Secretaria de Gobernación y la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religioso, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como de los organismos autónomos en defensa de los derechos humanos, sin respuesta positiva.
Ninguna de estas ha cumplido con su palabra al momento de comprometerse pública con el pueblo de Ayutla.
De acuerdo con lo expuesto en su comunicado, todas las autoridades, sin excepción, han recurrido a una serie de pretextos para justificar su omisión; el más recurrente un supuesto impedimento legal derivado de los amparos que se han interpuesto para evitar más despojos, y que, aunque han quedado sin efecto, no ha servido para lograr la reconexión del sistema de agua potable, proveniente de su manantial, como principal demanda.
“Se han ocupado de distorsionar nuestra legítima exigencia de justicia; es por ello que reiteramos nuestro rechazo absoluto a todo acto de descalificación y criminalización de nuestra lucha por hacer realidad nuestros derechos humanos”, refieren.
Pese a la omisión por parte de las autoridades, aseguran que mantendrán su lucha hasta que la justicia llegue en torno a la reconexión inmediata a su manantial y la investigación exhaustiva en el caso de las agresiones de que han sido objeto, misma que debe llevar a juicio a los responsables.
A la par que reconocieron el apoyo solidario de organizaciones de derechos humanos, activistas, periodistas y demás personas que se han unido a lo largo de estos tres años para hacer eco de la deficiente actuación por parte de las autoridades estatales y federales que no han podido hacerle justicia a una comunidad entera.
